EN VEZ DE TIERRAS, REPARTIR PALO

Daniel Samper Pizano, El Tiempo, Bogotá, octubre 22 de 2008

Tras haber soportado desde hace cinco siglos la persecución de conquistadores, encomenderos, terratenientes, políticos, militares, policías, bandoleros, guerrilleros y paramilitares, los indígenas ahora también tienen que aguantar la imagen de gente violenta que se transmite de ellos y hasta las mofas de algunos columnistas.

Una de las tragedias más deplorables de este país es que desapareció el espacio de protesta social, que forma parte de toda democracia. Mientras los indígenas se arriesgan al exterminio, el único camino abierto a millares de campesinos atenazados en un extremo por los grupos violentos que los desalojan y en el otro por la pobreza económica y el desamparo legal es el del éxodo: escapar del peligro y la miseria, cambiar cosechas por semáforos.

En circunstancias normales, tendrían que haberse hecho oír; haber protestado, desfilado, marchado. Pero las circunstancias en que se desarrolla la política campesina desde hace tiempos no es normal. Nos hemos desacostumbrado tanto a la normalidad que expresiones de protesta no solo comprensibles sino justificables se miran como si fueran actos subversivos o, peor aún, avances terroristas. La prueba es que una huelga de corteros o una marcha indígena -dos movimientos que serían perfectamente lógicos y legítimos en cualquier democracia actuante- reciben en Colombia catalogación de subversivas y ayudan a justificar la declaratoria de conmoción nacional.

Aclaro de inmediato, para desilusión de macartistas, que repudio toda forma de violencia: condeno por igual el explosivo que hace perder las manos a un modesto suboficial de la Policía y las palizas a los campesinos que protestan. No debe alarmarnos que se produzcan marchas y paros: son parte del quehacer de una sociedad que respira. Lo que sorprende es que no haya más protestas en un país cuyas condiciones de vida son vejatorias e insultantes para millones de ciudadanos pobres; en particular los que pertenecen a minorías tradicionalmente explotadas o perseguidas.

Cuando a modo de queja los campesinos obstruyen una vía o inician una caminata, saltan de inmediato las voces que exigen aplicarles "todo el peso de la ley". Resulta curioso que esas leyes que reprimen a quienes protestan no sean tan benévolas como las que permiten a los autores de masacres lavar sus crímenes con unos pocos años de prisión o las que se diseñan para que políticos comprometidos con el paramilitarismo puedan volver a la calle.

El reciente informe de Human Rights Watch sobre nuestro país señala que "en Colombia, más que en cualquier otro país del hemisferio occidental, la violencia ha corrompido y socavado la democracia". Luego de acusar a guerrilla y autodefensas de toda clase de violaciones de derechos humanos, la conocida ONG agrega que los paramilitares "han devastado gran parte del país" y masacrado, torturado y desaparecido a "incontables hombres, mujeres y niños". ¿Quiénes son sus más inermes víctimas? "De manera muy lucrativa -responde el informe- han forzado a cientos de miles de pequeños terratenientes, campesinos, afrocolombianos e indígenas a abandonar sus tierras productivas. En muchos casos, los paramilitares o sus cómplices se han apropiado de las tierras abandonadas, mientras que las víctimas se han visto obligadas a vivir en la miseria en zonas urbanas marginales".

Algunos de estos grupos se atreven a quejarse e interrumpir carreteras, lamentable actuación que, sin embargo, garantiza que su caso aparecerá en la prensa y en los noticieros y, de todos modos, bastante menos dañina que las masacres impunes que constelan el mapa colombiano. Ellos son los villanos de turno. Contra ellos se piden leyes rigurosas y se exige mano dura. Como si la historia no lo hubiera sido en exceso.